Venezuela ocupa el último lugar de 139 países del mundo evaluados en el Índice Global de Estado de Derecho, correspondiente a este año.
La investigación la desarrolla la organización independiente y multidisciplinaria Proyecto de Justicia Mundial.
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Venezuela según Índice Global de Estado de Derecho
El país quedó muy por detrás de Estados Unidos (27), Chile (32), Panamá (71), Brasil (77), Colombia (86), Perú (87), Ecuador (92), El Salvador (95) y Paraguay (96). Incluso lejos de sus aliados China (98) y Turquía (117)
La metodología del índice y la definición integral del Estado de derecho son producto de consultas y de investigaciones intensivas con académicos, profesionales y líderes comunitarios de más de 100 países y jurisdicciones, así como 17 disciplinas profesionales.
Adherencia al Estado de derecho
El Proyecto de Justicia Mundial señaló que el índice mide la adherencia de los países al Estado de derecho tomando en cuenta los resultados de las políticas, como el acceso de los ciudadanos a los tribunales o si el crimen está realmente controlado. Esto se contrasta con lo que está establecido en las leyes o en los recursos institucionales.
El índice examina situaciones prácticas y cotidianas, como si las personas pueden acceder a los servicios públicos y si una disputa entre los vecinos puede resolverse de forma pacífica y rentable por un juez independiente”, señala el informe.
Venezuela, de 32 países evaluados en América Latina y el Caribe, también obtuvo en este punto pésima calificación: se ubicó nuevamente en el último lugar. Algunos de los países a los que el gobierno de Nicolás Maduro ataca constantemente tuvieron un mejor desempeño: Chile (3), Brasil (16), Colombia (19), Perú (20) y Ecuador (21).
Venezuela no mejoró en la evaluación de 40 países de renta media-alta: obtuvo el último lugar. Otros países peor evaluados fueron Turquía (38), México (37), Guatemala (36), Líbano (35), China (33). El mejor evaluado en el informe fue Costa Rica, que ocupó el primer lugar; y Argentina (12), Brasil (20) y Suráfrica (8) tuvieron una mejor posición.
Se evalúan ocho factores
Para el desarrollo del informe se investigan ocho factores: restricciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Restricciones a los poderes del gobierno
Mide el grado en el que quienes gobiernan están sujetos a la ley. Comprende los medios, tanto constitucionales como institucionales, por los cuales los poderes del Estado, sus funcionarios y agentes son limitados y responsabilizados bajo la ley. También incluye controles no gubernamentales sobre el poder del gobierno, como una prensa libre e independiente.
En este rango Venezuela se ubicó en el último lugar: 139, por detrás de países como Egipto (138), Nicaragua (137), Bielorrusia (136), Camboya (135) y Turquía (134). Las cinco primeras naciones en la franja verde, las mejor calificadas, son Dinamarca (1), Noruega (2), Finlandia (3), Suecia (4) y Alemania (5).
Ausencia de corrupción
Mide la ausencia de corrupción en el gobierno. En este factor se consideran tres formas de corrupción: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos. Estas tres formas se examinan con respecto a los funcionarios del gobierno en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los militares y los policías.
En este factor Venezuela cayó 10 puestos al ubicarse en el puesto 219 de la franja naranja. El país peor clasificado fue República Democrática del Congo (139), seguido de otros como México (135), Bolivia (131) y Haití (130). Los mejores evaluados fueron Dinamarca (1), Noruega (2), Singapur (3), Suecia (4) y Finlandia (5)
Gobierno abierto
Mide la apertura del gobierno definida por la medida en la que un gobierno comparte información, empodera a las personas con herramientas para hacer que las autoridades rindan cuentas y fomenta la participación ciudadana en las políticas públicas. Se investiga si las leyes básicas y la información sobre derechos legales se publicitan y evalúa la calidad de la información publicada por el gobierno.
Venezuela está en este punto en el puesto 136, detrás de Irán (137), Camboya (138) y Egipto (139). Los países mejor calificados fueron Noruega (1), Dinamarca (2), Finlandia (3), Suecia (4) y Países Bajos (5).
Derechos fundamentales
Reconoce que un sistema de leyes positivas falla en el respeto de los derechos humanos fundamentales establecidos en el derecho internacional y que no merece ser llamado un sistema de Estado de derecho.
Dado que sería imposible para el Proyecto de Justicia Mundial evaluar la adhesión a la gama completa de derechos, este factor se centra en un menú relativamente modesto de derechos que están firmemente establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Venezuela ocupa el puesto número 135. Le siguen China (136), Myanmar (137), Egipto (138) e Irán (139). Los países mejor calificados fueron Dinamarca (1), Noruega (2), Finlandia (3), Suecia (3) y Austria (3).
Orden y seguridad
Mide qué tan bien una sociedad tiene garantizada la seguridad y la propiedad. La seguridad es uno de los factores que definen los aspectos del Estado de derecho y es una de sus funciones fundamentales.
En este factor es donde más cayó Venezuela de todos los aspectos de la investigación: ocupa el lugar 132, por delante de Afganistán (139), Nigeria (138), Pakistán (137), Camerún (136), Malí (135), República Democrática del Congo (134) y Mozambique (133).
Irlanda (1), Luxemburgo (2), Singapur (3), Noruega (4) y Hong Kong y China (5) tuvieron las mejores ubicaciones en la lista.
Cumplimiento regulatorio
Mide el grado en que las regulaciones se implementan y se hacen cumplir de manera justa y efectiva. Las regulaciones, tanto legales como administrativas, estructuran comportamientos dentro y fuera del gobierno. Este factor no evalúa qué actividades elige regular un gobierno ni considera cuánta regulación es apropiada. Más bien examina cómo se implementan y hacen cumplir las regulaciones.
Venezuela regresó al puesto 139, por detrás de Zimbabue (134), República Democrática del Congo (135), Haití (136), Mauritania (137) y Camboya (138). En cambio, Dinamarca (1), Noruega (2), Finlandia (3), Singapur (4) y Nueva Zelanda (5) siguen en las evaluaciones con los mejores resultados.
Justicia civil
Mide si la gente común puede resolver sus quejas de manera pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil; si los sistemas de justicia civil son accesibles y asequibles, así como si están libres de discriminación, corrupción e influencia indebida por parte de los funcionarios públicos.
Examina también si se llevan a cabo procedimientos judiciales sin demoras irrazonables y si las decisiones se aplican de manera efectiva. También mide la accesibilidad, imparcialidad y eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de disputas.
El índice reveló que Camboya desplazó a Venezuela al ubicarse en el puesto 139, mientras que el país suramericano cayó en el lugar 138, por detrás de Bolivia (137), Myanmar (136), Afganistán (135), Guatemala (134), República Democrática del Congo (133) y Nicaragua (132).
Justicia penal
Evalúa el sistema de justicia penal de un país. Un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del Estado de derecho, ya que constituye el mecanismo convencional para reparar agravios y emprender acciones contra las personas por delitos contra la sociedad. Una evaluación de la aplicación de la justicia penal debe tener en cuenta todo el sistema, incluidos policías, abogados, fiscales, jueces y funcionarios de prisiones.
Finalmente, Venezuela regresó al puesto 139. Los primeros puestos en las franjas roja y naranja los ocuparon además Bolivia (138), Camerún (137), Honduras (136), Camboya (135), Myanmar (134), República Democrática del Congo (133), Paraguay (132) y Nicaragua (131).
Noruega (1), Finlandia (2), Dinamarca (3), Austria (4) y Suecia (5) obtuvieron los primeros lugares en la línea verde.
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