El pasado jueves 10 de febrero se dio el primer juicio indígena en el sector VI Akurimö, de la comunidad de Kumarakay en el municipio Gran Sabana, a 12 de los 13 pemones acusados de terrorismo por su presunta vinculación con la llamada “Operación Aurora”, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2019.
El primer juicio indígena lo realizó el Consejo de Ancianos del sector VI Akurimó (tribunal propio), municipio Gran Sabana, en acuerdo con sus usos y costumbres, a los 12 pemones acusados de terrorismo por asalto al parque de armas, en diciembre del 2019.
Olnar Ortiz, quién es el coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal, destacó que en este juicio los 12 pemones fueron escuchados y sancionados de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo pemón y miembros de la comunidad de Kumarakapay.
“Este es un hecho inédito. La decisión del Consejo de Ancianos Akurimö se llevó a cabo como lo establecen las normas constitucionales, nacionales e internacionales, y según lo acordado el 11 de febrero de 2021, cuando se les otorgó medidas cautelares”, resaltó Ortiz.
Las sanciones para los 12 pemones
Basadas en las costumbres del pueblo pemón, la decisión del tribunal indígena consiste en una serie de sanciones, al tiempo que se consideraron las condiciones de su detención y privativa de libertad en la cárcel El Rodeo II, donde falleció Salvador Franco.
“Se les rapa el cabello como forma de ponerlos en evidencia ante la comunidad y el pueblo pemón de que, ante cualquier situación que puedan hacer en el futuro, no solo ellos sino cualquier miembro de la comunidad pemón, tienen que cumplir sanciones”, explicó Ortiz.
Además, las sanciones incluyen hacer trabajo comunitario. “Puede ser un trabajo de que tengan que ir a cazar, a pescar, tienen que ir al conuco, hacer una casa, para cualquier cosa que sea solicitada por la comunidad deben hacerlo sin remuneración alguna”, detalló el coordinador indígena del Foro Penal.
También aplican el entregarlos a los padres, aun cuando los sancionados tengan hijos propios, “como una forma de que los padres tengan responsabilidad por sus hijos, para que cumplan y sea igualmente una sanción para ellos, es colectivo”.
Para sercirarse de que los sancionados cumplan se encuentra “la Guardia Territorial Pemón” que es la encargada de velar por ello. Las sanciones se aplicarán por un período de seis meses.
“Estas sanciones se tomaron en cuenta por el hecho de que ellos fueron detenidos de manera arbitraria, estuvieron un año presos cometiéndose distintos tipos de vejaciones. Falleció Salvador Franco, y ellos también estuvieron a punto de perder la vida por tuberculosis, no se les dejaba ver a los familiares ni entregarles medicinas. Todo eso fue evaluado bajo este contexto. Las sanciones no fueron mucho mayor porque decían que estas situaciones a las que fueron sometidos durante su privativa de libertad en El Rodeo II fueron bastante duras y penosas para sus familiares”, aclaró.
Corresponde ahora que el tribunal de la causa homologue la decisión tomada por la jurisdicción especial indígena, y dar por concluida la causa que se tiene suspendida contra los pemones, así como abrir una investigación sobre el caso de Salvador Franco, quien falleció el 3 de enero del año pasado.
Por los momentos, las actas se están traduciendo al español, ya que el juicio se efectuó por completo en lengua pemón. Una vez hecha la traducción, el coordinador indígena del Foro Penal procederá a llevarlas al tribunal de la causa, el Tercero de Terrorismo en Caracas. También se llevará a otras instancias competentes, como el Tribunal Supremo de Justicia, ya que el tribunal indígena está constituido desde 2019 y notificado al TSJ.
“Estamos buscando la homologación del tribunal, para que la decisión ya tomada por la jurisdicción indígena, para que los 12 pemones no formen más parte del expediente que se mantiene en Caracas”.
Con información de Correo Del Orinoco
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