El Gobierno nacional presentó ante la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional el anteproyecto de reforma de la Ley de Gestión Integral de la Basura, el cual contempla varios cambios para lograr un mejor manejo de los desechos sólidos en el territorio nacional de manera mancomunada con las gobernaciones y las alcaldías.
El objetivo de la reforma es ir hacia un sistema nacional de gestión y manejo de la basura, que dé mayor capacidad al ministerio correspondiente para coordinar y ejecutar políticas desde una instancia unificada, así como aplicar sanciones, sin quitar competencias a los gobiernos locales y regionales en cuanto a la gestión de los desechos.
Hasta ahora, las competencias son de las alcaldías, incluso existen estados en que los vertederos son manejados por los gobiernos locales y no por los regionales, y aunque en algunos casos funcionan muy bien, en otros no, y en ese sentido el Ejecutivo nacional está planteando un sistema nacional, explicó a Últimas Noticias el diputado y presidente de la comisión permanente, Willian Gil.
Detalló que los principales fundamentos de la reforma son un registro nacional de las empresas que prestan servicio a las alcaldías para, en primer lugar, desde el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, tener control de supervisión y recuperar su potestad sancionatoria. Asimismo, comentó que otro aspecto es el aprovechamiento y regularización, considerando que la basura también produce actividad económica.
Hay otro conjunto de temas que están planteados en este proyecto de ley que próximamente será evaluado por la comisión, para lo cual hace falta un sistema que articule estos propósitos que, además, servirá para generar recursos que serán destinados a la compra de camiones y la gestión de la basura del ministerio, las gobernaciones y las alcaldías.
Igualmente, están planteando crear un fondo en el que participarán las gobernaciones y alcaldías, así como el ministerio, para reforzar y coordinar el manejo de la basura. “Busca ser una instancia que coordine a todos los involucrados”, resaltó el diputado.
No deroga competencias. El parlamentario aclaró que estos cambios no buscan acabar con las competencias de los gobiernos regionales ni municipales, sino establecer una coordinación nacional para poder definir las pautas en materia ecológica, de servicios y todos los temas que tienen que ver con el buen manejo de los residuos.
“El ministro está planteando que el ministerio tenga esa capacidad de ser el ente rector y no solo las iniciativas buenas o malas de cualquier alcalde o gobernador. Por supuesto, se está garantizando que cada alcalde y gobernador mantenga su potestad para la contratación de servicios, eso no se está cambiando en la ley, pero si un registro, fondo y coordinación nacional”, dijo.
De acuerdo con el ministro para Ecosocialismo, Josué Lorca, este proyecto representa meses de debate con el fin de mejorar la gobernanza en las distintas instancias como son las alcaldías, las gobernaciones y el rector, y estar en condiciones de garantizar una eficaz recolección de los desechos sólidos.
Esta será la primera reforma a la Ley de Gestión Integral de la Basura, tras su aprobación en 2010 y publicación en Gaceta Oficial Nº 6.017 Extraordinaria del 30 de diciembre de 2010.
Incentivos económicos. Por otra parte, la reforma prevé incentivos económicos a la promoción del cuido, para las iniciativas ecológicas, la exoneración de impuestos a las alcaldías, las empresas y grandes empresas que contribuyan con el reciclaje y la reducción de los desechos sólidos.
“Hay un plan de concientización y en función de eso hay incentivos económicos, pero también procedimientos específicos para que el ministerio pueda intervenir donde no se esté haciendo el correcto manejo de la basura”, acotó.
En este caso, señaló, se creará un Consejo Nacional de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, que a través del Consejo Federal de Gobierno, las alcaldías y las gobernaciones puedan estar involucradas en el sistema.
La estrategia de incentivo también persigue estimular la consolidación de infraestructura que permita dar un mejor tratamiento de los residuos peligrosos en el país. Por ejemplo, para las empresas que ya cuentan con esa capacidad, ayudará a seguir promoviendo la buena actividad, uso y aprovechamiento.
Otras leyes. Gil agregó que en la comisión adelantan otros instrumentos legales como la Ley del Derecho a la Ciudad, aprobada en primera discusión en 2021, y que próximamente entrará en segundo debate para buscar rescatar el derecho al patrimonio. Es una iniciativa que tiene que ver con los servicios públicos, dijo.
Indicó que otra es la Ley de Agua, que garantizará el líquido como un derecho humano fundamental y tiene un capítulo especial para el Gobierno del Poder Popular para las Aguas. Además, está la Ley Autogestionaria del Hábitat Popular para la construcción de viviendas y una para la protección del sistema eléctrico nacional.
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