Los policías metropolitanos, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín, condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno, habrían sido trasladados la madrugada de este viernes 22 de octubre, desde la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Caracas, al centro penitenciario Fénix en Barquisimeto, estado Lara.
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Familiares y defensores de derechos humanos fueron los que alertaron sobre el cambio sorpresa de centro de reclusión, de los funcionarios que pertenecieron a la extinta Policía Metropolitana y que fueron condenados a 30años de prisión, a través de las redes sociales.
Laura Pérez, esposa de Luis Molina, sostuvo que la vida de los expolicías corre peligro en cárceles comunes, al tiempo que aseguró que les debe ser otorgada a libertad plena tras 18 años y cinco meses tras las rejas.
“Su estado anímico es fatal, estamos asustados desde que empezaron los traslados. Después de 18 años y cinco meses de injusta prisión sufre de depresión, de gastritis y de hipertensión”, advierte Laura Pérez, exesposa de Molina.
Pérez teme por la visa de los exfuncionarios, “Si lo hicieron con el general, que es el alto rango de la Fuerza Armada, y no les importó su vida, mucho menos la de unos funcionarios policiales que ellos consideran unos asesinos”, expresó.
“Los trasladaron a la cárcel Fénix, en Barquisimeto, alejándolos más de su núcleo familiar, a los tres policías metropolitanos por el caso 11 de abril. El deber ser es otorgarles beneficios procesales, no castigarlos más por unos delitos que no cometieron”, cuestionó la directora de Fundepro, Jackeline Sandoval.
Desde el año 2007, Bolívar, Molina y Rovaín esperan por beneficios procesales que les permitiría la implementación de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena y de la Ley de Redención de la Pena por Estudio y Trabajo. Sin embargo, depende de la juez Ada Marina Armas si esos derechos procesales son otorgados a los presos políticos de gibierno venezolano.
La ONG Foro Penal los considera presos políticos. El delito por el que fueron condenados es “homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva”. Los funcionarios fueron condenados a 30 años de prisión.
“Ninguno disparó su arma ese día, pero igual los declaran culpables. No hay pruebas”, sostiene Pérez.
Con información de Efecto Cocuyo y NTN24
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