Asesinan al activista y comunicador popular José Urbina, de varios disparos la noche del 10 de enero en Puerto Páez, municipio Pedro Camejo del estado Apure, luego de denunciar en un video que había sido amenazado públicamente por un teniente coronel de la Guardia Nacional.
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Urbina era comunicador popular en la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM, líder social y militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), y había cuestionado una serie de detenciones arbitrarias contra habitantes de Puerto Páez que calificó como «falsos positivos» y que fueron ordenadas por el teniente coronel Ramón Sánchez, comandante de la Guardia Nacional en esa localidad.
El activista y comunicador acusó al militar de detener a personas inocentes con el argumento de que eran miembros de grupos «Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia (Tancol)», una categoría creada por el presidente Nicolás Maduro en octubre de 2021 para identificar a supuestos criminales colombianos, los cuales históricamente han sido conocidos como guerrilleros (ELN), exguerrilleros (Disidencias de las FARC y FARC Segunda Marquetalia) y narcotraficantes.
En principio, se dijo que José Urbina, quien militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había sido asesinado justamente por miembros de estos grupos armados no estatales que operan entre Apure y Arauca (Colombia), en medio del sangriento enfrentamiento que vienen librando desde finales de diciembre de 2021 y comienzos de 2022 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero el martes 11 de enero comenzó a circular un video en redes sociales en el que se observa a Urbina advertir sobre la amenaza que había recibido del militar.
Casos similares
Aunque todavía no hay certeza sobre el móvil y los responsables del crimen ocurrido en un territorio marcado por el conflicto, la denuncia y el posterior asesinato del líder social guarda similitud con otros dos homicidios ocurridos en Venezuela en 2014 y 2021, donde las víctimas alertaron que sus vidas corrían peligro al ser amenazados por funcionarios gubernamentales.
Estos casos son los de José Odreman (2014) líder del colectivo Frente 5 de Marzo, que fue asesinado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) el 7 de octubre de 2014, luego de haber responsabilizado en una transmisión de televisión a Miguel Rodríguez Torres, entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por cualquier cosa que le pudiera ocurrir.
De acuerdo a Runrun.es, el 7 de octubre la policía científica, con sus efectivos de la Brigada de Acciones Especiales, ingresaron a la residencia Manfredir para hacer un allanamiento. Allí fue asesinado Carmelo Chávez, de 34 años de edad y miembro del colectivo Frente 5 de marzo.
Un segundo caso similar fue el Dorancelys del Valle Tocuyo Martínez, una mujer residente del municipio El Callao en el estado Bolívar, quien fue asesinada cinco días después de denunciar piblicamente al alcalde de El Callao, Alberto Hurtado por irregularidades relacionadas con el uso del nuevo billete de 50.000 bolívares.
El señalamiento de Tocuyo Martínez fue grabado mientras la mujer lideraba una protesta el 24 de mayo de 2021, en la que también señalaba al alcalde de ser cómplice de las redes de prostitución que operan en el poblado, mientras que los habitantes pasaban hambre.
La mujer advirtió que si la mataban era responsabilidad del alcalde. Según La República, Tocuyo fue encontrada sin vida el 1 de junio de 2021.
Con información de Runrunes
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