Era septiembre de 2024 cuando Adrianyela Contreras llegó a México junto a su hija de dos años de edad. Había pasado las semanas anteriores caminando en compañía de un grupo de migrantes venezolanos que, como ella, también cruzaron la selva del Darién. Sin embargo, el esfuerzo no le valió para conseguir establecerse en Estados Unidos.
Contreras pasó los últimos cinco meses tratando de conseguir una cita a través de la extinta aplicación CBP One para poder ingresar de forma regular a Estados Unidos como solicitante de asilo, según contó a BBC Mundo. Sin embargo, sus planes y los de otros miles de migrantes se vinieron abajo el 20 de enero, cuando una orden ejecutiva del presidente Donald Trump dejó sin efecto las citas agendadas en los controles fronterizos y eliminó la aplicación.
Desde entonces, cruzar la frontera irregularmente hacia Estados Unidos se ha convertido en un reto de alto riesgo para cualquier migrante. Principalmente porque, de hacerlo, podrían ser deportados a otros países que suscribieron acuerdos con el Gobierno estadounidense para recibir migrantes de regreso, como El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá.
Incluso pudieran exponerse a ser devueltos a Venezuela, país del que huyeron originalmente. Aunque el acuerdo de deportación entre los gobiernos de Trump y Nicolás Maduro se suspendió el pasado 26 de febrero.
Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Luis Alberto Castillo, que llegó a Estados Unidos el 19 de enero con la intención de “darle todo a su hijo”. Apenas días después de entregarse a las autoridades para solicitar asilo, a Castillo lo enviaron a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, para luego ser enviado de vuelta a Venezuela. Si bien la Administración Trump lo acusó de pertenecer al Tren de Aragua, la familia de Castillo lo negó y tampoco se mostraron pruebas que demostraran tal vinculación, de acuerdo con medios estadounidenses.
De esta manera, las opciones se han reducido para los migrantes venezolanos. Y muchos, como Adrianyela Contreras, han tomado la decisión de emprender el viaje de regreso por cuenta propia. Es así cómo el flujo migratorio comienza a correr hacia el sur del continente, muchas veces descartando el “sueño americano” pero con la esperanza de poder afianzarse en otro destino distinto a Venezuela.
Un limbo de angustia para miles de migrantes venezolanos
A la suspensión de las citas para pedir asilo y las amenazas de deportaciones, también se suma la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), que afecta a al menos 340.000 venezolanos, y del parole humanitario, del cual se estima se beneficiaron otros 110.000 migrantes venezolanos. Estas medidas, que entrarán en vigor el próximo 7 de abril de 2025, afectan a todos quienes hasta ahora habían encontrado en esos programas una vía para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Originalmente, el TPS se otorgó a los venezolanos en marzo de 2021 como una forma de reconocer la crisis humanitaria y política del país. Por otro lado, el programa de parole humanitario, implementado en 2023, ofrecía una vía para que venezolanos, junto con cubanos, haitianos y nicaragüenses, pudieran ingresar al país por razones humanitarias y obtener permisos de trabajo temporales.
La suspensión de estos beneficios migratorios radica en que, a juicio de la administración Trump, las protecciones ya no eran necesarias debido a «recientes mejoras» en las condiciones sociales y económicas en Venezuela. La decisión ocurre bajo un contexto de políticas migratorias más estrictas que buscan reducir la inmigración irregular y reforzar la seguridad fronteriza, según argumenta el presidente estadounidense.
Esta situación deja a los migrantes venezolanos en una condición de extrema vulnerabilidad, según María Gabriela Trompetero, investigadora de la migración forzada y profesora en Bielefeld University.
“Ante el clima de miedo e incertidumbre que generan las políticas de Trump, muchos venezolanos buscarán destinos alternativos, como Brasil, Colombia y España”, dice Trompetero en conversación con El Nacional. “A pesar de ello, algunos continuarán su ruta hacia Estados Unidos, lo que probablemente fortalecerá a los grupos al margen de la ley que ofrecen rutas más peligrosas”, advierte.
Un ejemplo reciente de ello es la presencia cada vez mayor de migrantes venezolanos entre los principales solicitantes de asilo en España. Del total de 167.366 peticiones de protección internacional realizadas en el país ibérico en 2024, los venezolanos tuvieron 66.134, de acuerdo con los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Con información de El Nacional
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