Al menos 36 militares detenidos en Ramo Verde cumplen 48 horas en huelga de hambre

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La protesta comenzó el 9 de noviembre en la cárcel militar de Los Teques. Familiares piden que se resuelvan los retrasos judiciales y se atiendan las solicitudes de amnistía. El Observatorio Venezolano de Prisiones reclamó atención médica para los huelguistas.

Al menos 36 militares recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda, cumplieron este miércoles 11 de noviembre dos días en huelga de hambre, según el recuento de Crónica Uno. Los detenidos iniciaron la protesta el lunes para exigir respuestas sobre sus causas judiciales y solicitar la libertad plena.

Entre quienes comenzaron la huelga hay 21 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana detenidos por el caso de Cotiza. A ellos se sumaron militares procesados en otras causas, entre ellas las de Paramacay, la Operación Aurora y el 30 de abril. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) había reportado 34 participantes el martes. El recuento publicado por Crónica Uno este miércoles elevó la cifra a al menos 36.

Por qué los detenidos del caso Cotiza reclaman una respuesta

El caso se remonta al 21 de enero de 2019, cuando se produjo una sublevación en un comando de la Guardia Nacional en Cotiza, Caracas. Los sargentos recibieron una sentencia en 2022 que, según el OVP, fue anulada en 2024. El grupo fue convocado en abril de 2026 a una nueva audiencia preliminar, esta vez ante un tribunal civil con competencia en terrorismo.

Según el observatorio, en esa audiencia se cerró el proceso por las demás imputaciones y quedó pendiente el cargo de traición a la patria. Más de seis meses después, el OVP señaló que todavía no se había celebrado la primera audiencia del juicio. Los abogados defensores solicitaron al tribunal la aplicación de la Ley de Amnistía y le notificaron formalmente el inicio de la huelga.

El OVP pide atención médica y una respuesta del TSJ

El observatorio alertó sobre el estado físico y emocional de los detenidos y recogió denuncias de sus familiares sobre las dificultades para recibir atención médica en el recinto. La organización afirmó que el penal solo disponía de un enfermero para atender posibles complicaciones y denunció presuntas restricciones en el acceso al agua.

El OVP pidió a las autoridades penitenciarias garantizar la atención médica de los huelguistas. También instó al Tribunal Supremo de Justicia a dar una respuesta sobre el caso Cotiza, mientras las defensas esperan una decisión sobre las solicitudes de amnistía.

Con información de Crónica Uno, Efecto Cocuyo y elDiario