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Familiares de presos políticos llevan su reclamo a la Cancillería y a la Embajada de EE. UU.

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Familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos entregaron el jueves 19 de noviembre comunicaciones ante la Cancillería venezolana y la Embajada de Estados Unidos en Caracas. La jornada buscó obtener respuestas a sus solicitudes y exigir la liberación plena de civiles y militares detenidos por motivos políticos. Los participantes también pidieron que se cumplan los compromisos de excarcelación que, según señalaron, se habían anunciado previamente.

La acción incluyó una concentración frente a la sede diplomática estadounidense, donde funciona el llamado Campamento de la Dignidad. Desde allí, los familiares pusieron el foco en dos situaciones. Una corresponde a los detenidos vinculados con la causa Cotiza. La otra se refiere a personas recluidas en la cárcel militar de Ramo Verde, donde los manifestantes denunciaron que presos políticos mantenían una huelga de hambre como medida de protesta.

El reclamo incluye a detenidos civiles y militares

La entrega de las comunicaciones dio a la jornada un destinatario concreto en cada sede. Ante la Cancillería, los familiares llevaron la solicitud a una institución del Gobierno venezolano. Ante la Embajada de Estados Unidos, expusieron el reclamo al país que respalda las conversaciones entre el oficialismo y un sector de la oposición. La movilización coincidió con la semana de la cuarta ronda de diálogo político en la capital.

Foro Penal registró 321 personas detenidas por razones políticas con corte al 9 de noviembre. De ese total, 181 eran civiles y 140 militares. El balance de la organización también indicaba que 171 personas esperaban una decisión judicial y que otras 150 habían sido condenadas. Esa fecha de corte ubica el reporte antes de la manifestación del jueves y permite dimensionar el alcance del reclamo sin atribuirle un nuevo balance a la jornada.

La petición de libertad plena tiene consecuencias concretas para las familias. Una persona puede salir de prisión y continuar bajo medidas judiciales que restrinjan sus movimientos o le exijan presentarse ante un tribunal. El seguimiento de las comunicaciones pasa por conocer si las instituciones responden, qué información se ofrece sobre los detenidos de Ramo Verde y si se anuncian medidas verificables para los casos que las familias llevaron a ambas sedes.

Con información de El Impulso y del balance de Foro Penal reseñado por Acento Venezuela.